Un Revés Judicial para el Ejecutivo: Anulación del DNU de Ciudadanía de Milei
La Cámara Nacional Electoral anuló el DNU de Milei que transfería a Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina, devolviendo así esta competencia a los jueces federales. Este fallo frena un intento del Ejecutivo de modificar el marco de ciudadanía sin pasar por el Congreso. Mañana, es probable que el Gobierno necesite plantear un nuevo enfoque legislativo para alcanzar sus objetivos migratorios y de ciudadanía.

Un Revés Constitucional
La Cámara Nacional Electoral ha revocado uno de los decretos más controversiales del gobierno de Javier Milei. La herramienta seleccionada fue el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 366/2025), que buscaba transferir la facultad de otorgar la ciudadanía argentina desde los jueces federales hacia la Dirección Nacional de Migraciones. El fallo de la Cámara subraya que dicha transferencia no solo es inconstitucional, sino también injustificada en términos de emergencia.
Ciudadanía en el Centro del Debate
El caso que catalizó la acción judicial fue el de Liping Yang, cuya solicitud de ciudadanía había sido previamente rechazada por el juez electoral de Entre Ríos. Esta decisión no solo fue revertida, sino que también llevó a un examen exhaustivo del régimen de ciudadanía vigente. La Cámara concluyó que la ciudadanía es más que una simple cuestión migratoria; es un asunto profundamente constitucional, que no puede ser alterado por un decreto ejecutivo.
Consecuencias Institucionales
El fallo demanda que el Ministerio de Seguridad Nacional instruya a Migraciones sobre la sentencia, además de notificar a todos los jueces federales con competencia electoral para asegurar un enfoque unificado. Este panorama subraya la importancia de mantener el equilibrio entre el poder legislativo y el ejecutivo, un principio clave en la estructura federal argentina.
La Hoja de Ruta Legislativa
Para el ejecutivo, este fallo exige un replanteo profundo. En lugar de depender de decretos, el gobierno ahora deberá considerar rutas legislativas para cualquier modificación en el sistema de ciudadanía. La decisión de la Cámara podría también establecer un precedente que limite futuros intentos de alterar competencias constitucionales mediante decretos.
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