La Justicia sacude a ANSES: Se extingue el programa Volver al Trabajo
La revocación de una medida cautelar por parte de la Cámara Federal de San Martín ha puesto fin al programa Volver al Trabajo de ANSES, impactando a más de 900,000 beneficiarios. Esta decisión genera un vacío de cobertura social que podría desencadenar una serie de protestas y demandas por parte de los sectores afectados. De cara al futuro, se espera que el Gobierno enfrente presiones significativas para establecer medidas compensatorias o alternativas que atenúen el impacto social de esta resolución.

La Justicia revoca la continuidad de Volver al Trabajo
El reciente fallo de la Cámara Federal de San Martín ha puesto fin a las transferencias mensuales del programa Volver al Trabajo. Más de 900,000 beneficiarios se ven directamente afectados por esta decisión judicial que revoca la medida cautelar que había sostenido el programa hasta julio de 2026. A partir de agosto, las acreditaciones cesarán por completo, dejando a una parte significativa de la población sin este ingreso tan necesario.
Consecuencias sociales y económicas
La decisión ha sido recibida con alarma por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que ha denunciado una negación al derecho al salario digno para una vasta cantidad de trabajadores. Con la eliminación de estos pagos, se prevé un incremento en la presión social sobre el Gobierno para encontrar una solución rápida y efectiva que evite una crisis social.
Comparación con otros programas
Mientras el programa Volver al Trabajo llega a su fin, el programa Acompañamiento Social continuará sin alteraciones. La Resolución 90/2026 garantiza su continuidad hasta 2028, lo que evidencia un contraste significativo en las prioridades y compromisos del Gobierno actual.
Incertidumbre y expectativas
La incertidumbre predomina entre los beneficiarios de Volver al Trabajo, quienes esperan futuras disposiciones que puedan revertir esta decisión. Sin anuncios oficiales que modifiquen el escenario actual, julio de 2026 se vislumbra como el último mes de acreditaciones bajo este programa. Los analistas observan de cerca los movimientos del Gobierno, anticipando medidas compensatorias que podrían surgir como respuesta a las presiones sociales inminentes.
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