Millonaria indemnización por página melliza: el banco, en la mira
La sentencia marcó un precedente importante en el ámbito digital al establecer la responsabilidad objetiva de la entidad financiera. Esto podría impulsar a otros usuarios afectados por fraudes similares a tomar acciones legales, generando presión sobre las instituciones bancarias para mejorar sus sistemas de seguridad. Se prevé un fortalecimiento de la normativa de protección al consumidor y una revisión interna de las políticas de seguridad bancaria.

Responsabilidad de las entidades bancarias
En un fallo sin precedentes en la ciudad de La Plata, la justicia ha resuelto a favor de una usuaria bancaria que fue víctima de un fraude digital conocido como phishing. El tribunal determinó que la entidad financiera debía responder por los daños ocasionados debido a su responsabilidad objetiva en la protección de los servicios que ofrece a sus clientes.
Un caso que sienta precedente
El caso comenzó en diciembre de 2022 cuando la reclamante, al intentar ingresar a su cuenta bancaria, cayó en una "página melliza" que simulaba ser el sitio oficial del banco. Tras ingresar sus datos confidenciales, le fue vaciada su cuenta. La resolución del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 13 implicó no solo el reintegro del monto sustraído —casi tres millones de pesos— sino también indemnizaciones por daño moral y punitivo que, junto con los intereses, ascienden a 22 millones de pesos.
El alcance del fallo
La decisión judicial se fundamenta en la Ley de Defensa del Consumidor, que establece un vínculo de consumo entre el usuario y el banco, obligando a este último a garantizar la seguridad en la prestación de sus servicios. Al no hacerlo, el banco incurre en una falta que lo hace responsable de los daños sufridos por sus clientes.
Implicaciones futuras
Este fallo podría ser el primero de muchos en la lucha contra el fraude digital. Las entidades bancarias podrían enfrentar un aumento en los litigios si no refuerzan sus medidas de seguridad, y podría verse una revisión de la normativa vigente para adaptarse a las nuevas realidades digitales a las que se enfrenta el consumidor actual. La presión está ahora sobre los bancos para que actúen de manera proactiva y eviten futuros casos de este tipo.
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